Al año, 280 mil adolescentes dejan estudios por embarazo

Hilda Peña, Mariana Álvarez y Diana Durán comparten el mismo destino: truncaron su educación secundaria al convertirse en madres.

Forman parte de las 280 mil adolescentes que en promedio cada año abandonan sus estudios por un embarazo, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Indígena, pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En tanto, la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior 2011 señala que la gestación y la unión temprana de parejas son la segunda causa por la que dejan de estudiar; la primera es la falta de dinero.

Por ello, el gobierno federal intenta reducir el rezago educativo y el abandono escolar a través de la creación de Promajoven, un programa que entrega 850 pesos mensuales, durante 10 meses, a jóvenes en situación de vulnerabilidad por embarazo.

En 2013, la SEP distribuyó 17 mil 94 apoyos a niñas y jóvenes de entre 12 y 18 años, que representan solo 5.3 por ciento de los 320 mil 812 nacimientos registrados en adolescentes en el mismo rango de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Desde 2009, el proyecto federal quedó en manos de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Indígena, encargadas de transferir los recursos a los estados. Para este año, el presupuesto asignado al Promajoven alcanza 130 millones de pesos.

Pese a los esfuerzos de la dirección por ampliar la cobertura del programa, que desde su creación en 2004 ha otorgado 120 mil 921 becas, la capacidad de atención es insuficiente, principalmente porque no va a la par de una estrategia para promover la educación sexual entre adolescentes.

En 2014, a través de solicitudes de información, REDefine México, organización que impulsa los derechos sexuales y reproductivos, elaboró un manual de contraloría social del programa con especial atención en Veracruz, Puebla, Morelos y Guanajuato.

Entre los hallazgos destaca la falta de coordinación con las instituciones estatales de salud para implementar campañas de educación sexual y ofrecer mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos que generen un cambio en la conducta de los jóvenes.

“Existe una relación estrecha entre pobreza y salud reproductiva. En la medida en que las jóvenes no ejercen su libertad reproductiva, ven trucadas sus aspiraciones por embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, lo que directa o indirectamente prolonga sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza”, señala Brando Flores Pérez, coordinador nacional de REDefine México.

De acuerdo con Flores Pérez, las adolescentes que viven en situación de pobreza y se embarazan difícilmente podrán mejorar su situación, porque en su mayoría son dependientes económicas y en ocasiones no cuentan con el apoyo de sus parejas o familias.

Datos del Inegi refuerzan el planteamiento: en 2013, 46 por ciento de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo sobreviviente y con una situación conyugal de no unión se encontraba en pobreza multidimensional, y de este porcentaje, 20 por ciento vivía en condiciones de pobreza extrema.

No obstante, el programa ha sido evaluado, en general, con resultados positivos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) destaca el sistema de información para dar seguimiento al proyecto y la definición de su población objetivo.

Aunque organizaciones como REDefine recomiendan que el programa se desarrolle a la par de otras estrategias, además de la educación sexual, como la creación de guarderías para que las jóvenes madres puedan concluir sus estudios de manera menos tortuosa.

MILENIO Diario intentó entrevistar a Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena y responsable del programa. Luego de casi un mes y al cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.

Respecto a las jóvenes madres, Hilda Peña intentó terminar la secundaria en el sistema abierto, pero el trabajo en casa no le permitió concluirla.

Mariana Álvarez no aspira a regresar a la escuela: “No se puede, porque debo atender a mi pequeño”.

En tanto, Diana Durán abandonó el sueño de convertirse en criminóloga. Las tres ya no volverán a la escuela y otras 280 mil jóvenes las acompañarán en este destino.