Diputados inician proceso para desafuero de diputada ligada al ‘Chapo’
Milenio
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se declaró formalmente instalada e inició de manera inmediata el proceso para desaforar a la legisladora sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez, señalada por su presuntos vínculos con Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El legislador priista Ricardo Ramírez Nieto, presidente del órgano jurisdiccional, detalló que la diputada Sánchez será notificada de las imputaciones en su contra mañana mismo y tendrá un plazo de siete días para comparecer personalmente o por escrito en el Palacio de San Lázaro.
La notificación se hará físicamente en el domicilio de la legisladora en Sinaloa y también por correo certificado, con el fin de dejar doblemente acreditado el cumplimiento de ese requisito y el respeto a la garantía de audiencia de la inculpada.
Ramírez Nieto estimó que la Sección Instructora estará en condiciones de emitir una resolución en un plazo no mayor a 60 días naturales, conforme a la ley.
Sánchez enfrenta la acusación de utilizar documentos oficiales falsos para ingresar al penal de alta seguridad del Altiplano en visita al líder del Cártel de Sinaloa en abril de 2015.
Entrevistado al finalizar la reunión de la Sección Instructora a puerta cerrada, Ramírez Nieto detalló que la eventual decisión de retirar la inmunidad procesal a la legisladora sería en su momento notificada al congreso local de Sinaloa, pero éste no podría frenar ni oponerse al desafuero.
El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, fue el encargado de entregar a la Sección Instructora de manera formal la solicitud de la Procuraduría General de la República.
Además del diputado Ramírez Nieto estuvieron en la reunión de instalación el panista Juan Pablo Piña y el perredista Omar Ortega, secretarios del grupo de trabajo, así como Sandra Méndez, también priista, como cuarta integrante de esa instancia.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Sección Instructora tendrá dos meses para practicar todas las diligencias para establecer que el delito haya existido y el servidor imputado sea el probable responsable. Posteriormente presentará una conclusión y un dictamen.