Episcopado crea protocolo contra abuso

CIUDAD DE MÉXICO.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presenta hoy un Protocolo de Protección a Menores en el que destaca que todo obispo, sacerdote o agente de pastoral católico tiene la obligación jurídica y moral de tomar todas las medidas  necesarias para prevenir conductas de abuso sexual infantil.

El documento, en posesión de Excélsior, además señala que, en caso de que se cometan, las autoridades eclesiásticas deben actuar de modo inmediato para evitar su continuación y poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos para que quienes resulten responsables, sean sancionados conforme a la ley.

“La negligencia en la atención, la falta de medidas de prevención o su efectivo cumplimiento y/o el encubrimiento del abuso sexual infantil son modos generadores de responsabilidad que tienen consecuencias irreparables en la vida de la víctima.

“La Iglesia tiene la obligación institucional de respetar la dignidad y los derechos humanos de los menores de edad y de sus familias, que se traduce en la salvaguarda y tutela de aquellos que se encuentran bajo el cuidado de los ministros de culto y agentes de pastoral”, se expone.

En uno de sus agregados, el Episcopado expone una serie de acciones que, en lo inmediato, se deben seguir obligatoriamente ante un hecho de abuso sexual infantil en el ámbito eclesial como Impedir la comisión del delito o su continuación.

También Informar a los padres o tutores de la posible víctima y ofrecer la atención integral que resulte necesaria, de común acuerdo con ellos; informar de los hechos al ministerio público y coadyuvar en el proceso de investigación.

Así como iniciar el proceso penal canónico en contra del probable responsable, aplicándole las medidas cautelares correspondientes y finalmente, pero no menos importante, respetar los derechos del probable responsable.

Además el texto señala que la prevención es el elemento más importante en el que la Iglesia debe enfocar sus esfuerzos, pues este principio conlleva la implementación de una “nueva cultura en torno al trato con los menores de edad”.