Avalan base de ADN, pero piden garantías

Milenio

Especialistas en seguridad nacional y en derechos humanos consideran que es necesaria la creación de una base de datos nacional de ADN en el país, a fin de fortalecer la investigación de los delitos de alto impacto; es una deuda pendiente, sobre todo, para contar con mejores herramientas ante casos como la desaparición de personas vinculadas a la violencia del crimen organizado.

Los expertos aseguran que su conformación agilizará las investigaciones y permitirá dar seguimiento a casos recientes, así como a hechos que ocurrieron en el pasado.

Consultados por EL UNIVERSAL, indican que la creación de una base de datos nacional con información genética como indica la propuesta que se presentará ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para crear la Red Genética Nacional GENMEX requiere de amplia seguridad, puesto que los datos pueden ser manejados para otros fines, por lo que se debe garantizar el buen uso de la información.

“Debería de impulsarse sobre todo una base de datos de ADN para personas desaparecidas y sus familiares, porque el problema es muy grave. En lo particular, me parece que se debe de orientar, primero, sólo a estos casos, porque tenemos que corroborar la eficacia y capacidad de las autoridades para resguardar información tan delicada. Utilizar la información genética de personas que realizan funciones de seguridad o que están recluidas es acceder a otra información y otros objetivos que no son necesarios por el momento para la seguridad nacional”, expone Armando Rodríguez, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).

“Tener una base de datos de este tipo es muy útil, sería un avance en términos científicos para el Estado, el cual puede ayudar en muchos sentidos, tanto en desastres naturales, para identificar a personas que mueran, así como en los casos vinculados con la delincuencia organizada.

“Puede ser importante para los asesinatos que no han sido resueltos; además, puede ayudar en la identificación de las personas fallecidas, así como de restos de los posibles victimarios”, considera Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla.

“Tiene varias aristas positivas, pero se requiere de mucho dinero y capacidades tecnológicas. Sería importante que el Estado las adquiriera y las desarrollara por medio de una política de largo plazo. Creo que se puede avanzar en varias fases. Se puede iniciar con los casos que requieren investigación urgente, pero claro que se debe de hacer una campaña a nivel nacional muy amplia”, apunta el investigador.

Olga Noriega, ex presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reconoce que una base de datos de esas características puede ayudar a identificar y resolver casos de personas desaparecidas, pero también se pronuncia por aprobar una ley para evitar que un instrumento de este tipo sea mal utilizado o que su aplicación atente contra los derechos humanos.

La base de datos de ADN es una propuesta en el sentido forense para tener un banco genético de todos los mexicanos, pero “si no se instrumenta de forma correcta se pueden provocar violaciones de derechos humanos y generar actos de corrupción. El proyecto tiene sus pros y sus contras, pero antes necesitamos saber quién va manejar esa base de datos, quién la va a organizar y bajo qué reglamentación van a estar las muestras de ADN de los ciudadanos”, asegura.

“Sería muy bueno tenerla, pero es muy cara, y si no tenemos una clave única de identidad me parece que será muy complicado tener una base de datos de ADN. Para una base de datos primero necesitamos una clave única de identidad, que se prometió en esta administración. En el caso de personas desaparecidas, es necesario contar con una base de sus familiares para poder comparar con los restos de personas que se encuentran en fosas o en cualquier otro lugar”, señala María Elena Morera, directora de Causa en Común.

“Sería muy importante tener primero el ADN de todos los funcionarios públicos, sobre todo los de seguridad y justicia, y de las personas que están recluidas en las cárceles, pero lo más importantes es contar con el de los familiares que tienen a una persona desaparecida. En lo particular, yo empezaría con estos tres ejemplos, porque tomar una base de datos de ADN a toda la población sería muy difícil y costaría mucho dinero”, refiere Morera.

Los especialistas consideran que la propuesta del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, tal como la dio a conocer EL UNIVERSAL ayer, es el primer paso que tiene que dar el gobierno para contar con un registro nacional que integre la información de cada ciudadano.

“A nivel nacional lo que se requiere es una base de datos de registros, un registro de identidad ciudadana. Hay muchos países con este tipo de información, que incluye datos biométricos. Hasta ahí está bien, porque contar con una base de ADN para otros fines me parece riesgoso porque el Estado ha demostrado que no tiene la capacidad de resguardar datos personales. En el caso de las personas desaparecidas, esto permitiría una mejor investigación”, indica Armando Rodríguez de Casede.

“Para una base de datos de ADN lo primero que necesitamos es una clave única de identidad, que se había prometido en esta administración. Le hemos estado dando seguimiento al caso y lo primero que han hecho es digitalizar todas las actas de nacimiento, pero faltan algunas. Después viene la base del CURP, para después hacer cambios a la ley, pero lo que más se requiere es voluntad política”, detalla.

Luis Fernando García, de la Universidad Iberoamericana, considera que una base de datos puede ser muy costosa en términos financieros y muy riesgosa para los derechos fundamentales de las personas.

Advierte que el riesgo que se corre está en el manejo de los datos personales. “Es especialmente riesgoso dado que los datos biométricos y genéticos no pueden cambiarse. Una vez que esa información es comprometida se pierde el control absoluto de la misma, a diferencia de un password, por ejemplo, que si es comprometido se puede cambiar por otro”.

Desde su experiencia en la defensa de los derechos humanos considera que es “prácticamente imposible que se pueda justificar la necesidad y proporcionalidad de crear una base de datos de ADN, los potenciales beneficios no justifican los graves riesgos”, dice.

Argumenta que en el país hay evidencias de que no se ha resguardado la privacidad de las personas puesto que las grandes bases de datos como el Registro Federal Electoral se pueden conseguir en el mercado negro.

Ixchel de la Luz, integrante de Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, se pronuncia por crear una ley nacional que regule los mecanismos de calidad para la operación de laboratorios de genética forense, pero también para regular sobre la privacidad de este tipo de información, con el propósito de prevenir al gobierno y a las compañías privadas, como aseguradoras, que no pueden compartir la información genética de una persona.

“La información obtenida de las muestras podría estar potencialmente al alcance de cualquier persona. No se trata solamente de tener las bases de datos, sino de asegurarse de que la información contenida en ellas sea confiable y obtenida bajo los más altos estándares de calidad”, dice.

Olga Noriega e Ixchel de la Luz coincidien en que la creación de un banco genético de los mexicanos no sustituye la investigación científica que deben realizar las autoridades ni tampoco la capacitación que deben recibir los servidores públicos en materia de criminalística, incluyendo a los peritos.