Reforma anticorrupción quedó incompleta: Barbosa

Miguel barbosaEl presidente del Senado, Miguel Barbosa, dijo que el tema del fuero no estaba en el debate, pues no era parte del contenido del dictamen.

Ciudad de México

Las reformas constitucionales aprobadas ayer por el Senado que crean el Sistema Nacional Anticorrupción son un gran avance, pero es una ley que no está completa, admitió el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa.

«No llegamos a formar un Sistema Nacional Anticorrupción completo; tendrá que haber debates distintos sobre fuero de manera específica y sobre otros temas que están ahí pendientes», dijo en entrevista con Magda González en Milenio Televisión.

Aclaró que el tema del fuero no estaba en debate en sí, porque no era parte del contenido del dictamen.

Barbosa Huerta explicó que una vez aprobadas las reformas constitucionales, las cámaras tendrán un año para legislar diversas leyes generales que desarrollan los conceptos contenidos en la reforma.

«Es un avance en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción», dijo.

Destacó que las bancadas del PRD y del PAN llevaron a la discusión lo que le faltaba a este Sistema Nacional Anticorrupción, especialmente el tema de la eliminación del fuero constitucional.

Sin embargo, dijo, la mayoría votó para ratificar lo que envió la Cámara de Diputados, porque de otra forma, «se hubiera regresado y el destino legislativo hubiera estado desierto».

«El debate del fuero tiene que ser un debate que demos; lo que hoy estaba en cuero es la inclusión al titular del Ejecutivo en responsabilidades iguales a la de cualquier servidor público y no como están ahora».

Anoche, el Senado aprobó con 97 votos las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción con el que se pretende instrumentar la política pública de combate a este delito, y del que derivarán sanciones administrativas para servidores públicos y particulares.

La reforma no toca el fuero constitucional, por lo que no será posible fincar responsabilidades penales al Presidente de la República, gobernadores, legisladores, presidentes municipales o líderes sindicales -sin aprobación del Congreso-.