Diputados avalan geolocalización en caso de secuestro
Concesionarios deberán brindar información sobre la ubicación de equipos móviles es del PRI, PRD y del Partido Verde.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas, afirmó que con esta medida se pretende fortalecer las capacidades del Estado para combatir ese delito.
“Localizar una víctima de este terrible delito es fundamental para proteger su vida, integridad física y psicológica. En el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones, prevé la colaboración entre las empresas prestadoras de servicios y el Ministerio Público, para determinar la localización de los equipos que se usan y acudir de inmediato al lugar. Lo que puede significar no sólo la recuperación de la libertad de una persona, sino, en ocasiones, la defensa en su integridad y la conservación de su vida”, expuso el legislador coahuilense.
Explicó el diputado del PAN que ahora los concesionarios deberán proporcionar, de manera expedita, la información relativa a los datos del usuario registrado como cliente y aquella relativa a los datos de la línea y del equipo de comunicación móvil.
Aclaró sin embargo que “geolocalizar un teléfono móvil en tiempo real, es una medida que debe tener un carácter excepcional y sujeto a los requisitos establecidos por la Constitución, particularmente los señalados para los actos de molestia”.
A partir de esta reforma también se podrá pedir a los concesionarios que colaboren con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta ley, relativa a secuestros.
Anaya Llamas dijo que el dictamen prevé la suspensión del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, cuando así lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.
“El mandamiento escrito del Ministerio Publico, autorizado por el procurador general de la República o de la entidad federativa correspondiente, deberá fundar la legalidad de la solicitud y motivar su racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Todo abuso será sancionado de conformidad con la ley”, detalló.
El dictamen surge de una iniciativa que presentaron el pasado 29 de abril los diputados José Guillermo Anaya Llamas (PAN) y Ana Isabel Allende Cano (PRI), junto con otros legisladores del PRI, PRD y el Partido Verde.
El decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política se turnó al Senado para su análisis.
Colaboración
- Con la reforma se establece que los titulares del Ministerio Público, de la Federación o de los estados, o los servidores públicos en quienes se delegue dicha atribución, podrán ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones que proporcionen información de forma inmediata y sin demora.
- Esta información sería relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, cuando sea necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de una persona.
- Se podrá pedir a los concesionarios que colaboren con las autoridades en las acciones que permitan investigar y perseguir secuestros y que suspendan el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento.