Vocero de Peña, PGR y SRE: el 30, adiós al GIEI

Milenio

El gobierno de México rechazó que exista una ruptura con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, descartó una ampliación de mandato luego del próximo 30 de abril.

En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, descartó que exista una ampliación de plazo para que el grupo de expertos permanezca en el país más allá de la fecha que se estableció para concluir las actividades que se acordaron entre México y la CIDH.

“El gobierno mexicano no ha hecho rompimiento (con el GIEI), al contrario, ayer un destacado miembro de este grupo de expertos tuvo una reunión con el subprocurador de la PGR (…) el trabajo de este grupo terminará el próximo 30 de abril, tal cual se había estipulado”, afirmó.

En Washington, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, aclaró que el acuerdo firmado entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y la CIDH establece que deberá hacerse una consulta entre todas las partes para definir la permanencia del grupo de expertos.

Ruiz enfatizó que el Estado Mexicano “no considera necesario extender una vez más este (plazo)”, luego de que se cumplió la prórroga de seis meses que establecieron los propios expertos para continuar las investigaciones sobre el caso.

“La prórroga que se dio en octubre del año pasado fue por seis meses, fue un plazo que pidieron los propios expertos y el Estado mexicano estuvo de acuerdo. Nosotros pensamos que ya concluye ese plazo; estamos muy satisfechos con todo el trabajo que ha hecho el GIEI y las recomendaciones que han hecho están muy bien”, señaló el subsecretario.

Mientras tanto, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, dijo en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga que luego de suscribir un acuerdo de asistencia técnica en noviembre de 2015, se solicitó “una prórroga conclusiva” de seis meses que terminará el próximo 30 de abril.

Por lo que aseguró que la permanencia del grupo es una decisión que depende de las partes que hicieron la solicitud de la prórroga que, enfatizó, tuvo el carácter de conclusiva para cerrar los diferentes aspectos de la asistencia que brindaron y para lo que se espera únicamente el informe que presenten.

Sin embargo, en diversas entrevistas, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, afirmó que ampliar la prórroga del trabajo del GIEI es decisión del organismo internacional y no del Estado.

A su vez, el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa, dijo a la agencia Asociated Press que es innecesario prolongar la estancia de este grupo y agregó que la decisión debe ser adoptada de manera conjunta.

Según el acuerdo suscrito entre las partes en noviembre de 2014 para la incorporación de la asistencia técnica internacional, en el punto 10 se detalla que el mandato del GIEI será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para cumplir su objetivo.

Si bien el texto señala que el mandato puede ampliarse el tiempo necesario, también aclara que esto se realizará en consulta de la CIDH con las partes, que en este caso son el Estado mexicano y los padres de las víctimas.

Además de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por México, señala que ante una violación documentada, la CIDH podrá pedir información a los Estados sobre los hechos, e incluso en casos graves y urgentes plantea la posibilidad de una investigación.

Pese a ello, en su artículo 48, la Convención establece que si bien puede existir la necesidad de que la CIDH realice una investigación, ésta tendrá que realizarse “previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación”.

En tanto que la Constitución mexicana, en su artículo 89, fracción X, establece que el Ejecutivo tiene la facultad de dirigir la política exterior; así como “terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas” de los tratados internacionales.

En el Senado, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, Laura Rojas, dijo que nada obliga al gobierno de México a prolongar la presencia del GIEI, porque se firmó un convenio de voluntad entre las partes. Sin embargo, consideró que será positivo que se amplíe el acuerdo, porque ya los expertos aclararon que el retiro anunciado este miércoles es solo para el caso del peritaje del fuego en Cocula.

Consultada respecto a si la CIDH tiene facultades para obligar al Estado mexicano a aceptar la permanencia del GIEI en el país por más tiempo, la legisladora respondió: “No, lo que firmó con el GIEI no es un tratado, es un convenio con la Comisión interamericana. México es parte de la Carta Interamericana de la OEA, pero para este tema en específico no estamos obligados a nada. Se firma un convenio muy específico de colaboración y ya”.

Rojas dijo que, en su opinión, el gobierno sí debe ampliar el mandato del GIEI, pero ello dependerá de la voluntad de las partes.

En tanto que la jefa de la oficina de la Cancillería, Ana Paola Barbosa aseguró que existe un diálogo estrecho con el GIEI, por lo que se mantendrá la colaboración y apoyando las investigaciones hasta que concluya su estancia en México, el próximo 30 de abril.

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“NO ES RECOMENDABLE”

Pía Taracena, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, consideró que si bien es pertinente que se extienda la prórroga del GIEI en México, la presencia indefinida del grupo en el país no es recomendable, además de que resultará imposible, ya que los expertos son contratados por la CIDH por tiempos determinados.

La analista reconoció que la estancia de los expertos en el país debe ser consensuada con el gobierno mexicano, ya que en uso de su soberanía, el Estado puede determinar prescindir de la asistencia técnica de los peritos internacionales.