Propone Eva Diego los bienes confiscados en delitos cometidos por Servidores Públicos tendrán como destino el “uso social”
Miriam Arreola
Oaxaca, Oax. – Ante el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) , Eva Diego Cruz, propuso la reformar la fracción II del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Esto para agregar que procede la extinción de dominio en los delitos cometidos por Servidores Públicos que causen daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública estatal o municipal.
La legisladora también comentó que esto se debe impactar en el contenido del artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Oaxaca, que viene a regular lo establecido en la Constitución.
Sin embargo, en dicha ley secundaria, tampoco se contempla dentro de los supuestos delictivos los delitos patrimoniales cometidos por los Servidores Públicos Estatales o Municipales, lo que debe ser objeto también de una adecuación.
Ante esta situación, el PRD propone declarar que la confiscación de bienes a los responsables de esos delitos, tendrá como destino el “uso social” que consiste en la reutilización de los mismos para la aplicación de programas sociales o para la producción de bienes de consumo social.
Con esta determinación, un inmueble puede ser una escuela, un hospital, una fábrica o cualquier otro para el uso en beneficio real de la colectividad; los vehículos confiscados, pueden prestar servicios públicos directos a los más necesitados o las infraestructuras de todo tipo que sean decomisadas, puedes nuevamente utilizarse pero para fines lícitos.
«Con esta modificación tratamos de regresar al pueblo lo que se les arrebato, pero con la vocación de crear servicios de calidad o activos en favor de la sociedad» .
Esta primera etapa en la reforma que propone el PRD, deberá ser acompañada con la legislación secundaria que haga posible el uso social de esos bienes confiscados, por lo que este legislativo deberá convocar a la sociedad para que se abra la discusión sobre los mecanismos legales y administrativos para hacer realidad la reforma constitucional.