Un misterio rodea la muerte de varios osos y monos bebés

CIUDAD DE MÉXICO

Las crías de osos perezosos y monos capuchino rescatados del tráfico ilegal el pasado 8 de abril en un filtro carretero de la Policía Federal en Chiapas, que después fueron supuestamente sacrificados con inyección letal e incinerados, nunca llegaron al sitio donde iban a estar en cuarentena, informó la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) «El Abuelo», ubicada en Cintalapa.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tapachula, los cinco osos perezosos y los nueve monos capuchino cara blanca, fueron sometidos a exámenes por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el fin de descartar alguna enfermedad exótica, para luego ser enviados a la UMA «El Abuelo», donde permanecerían en resguardo y bajo observación médica, pero el traslado de los animales no se concretó.

Sorpresivamente, 15 días después del decomiso de los ejemplares de vida silvestre a una ciudadana identificada como Silvia Guadalupe Wong Aguilar, el Ministerio Público Federal informó que los perezosos y capuchinos fueron sacrificados «mediante la aplicación de una inyección endovenosa de una solución de Pentobarbitona al 20 por ciento, sustancia que tiene por efecto insensibilizar a los animales previamente a su muerte, provocando la pérdida del conocimiento seguida de un ataque cardíaco».

El informe que cita un reporte de un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), establece que los animales protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), fueron posteriormente incinerados «para evitar la probable propagación de enfermedades».

De acuerdo a Juan Pablo Flores Mujica, coordinador de Inspectoría Pecuaria del Distrito 08 de la Sader, el procedimiento se realizó en el horno del Rastro Regional de Bovinos y Porcinos de Tapachula.

Fuentes consultadas por Excélsior confirmaron que el rastro municipal al que supuestamente enviaron los restos de los osos perezosos y monos capuchino, estuvo cerrado durante casi tres meses, y fue reabierto apenas el pasado 10 de junio.

El sitio fue clausurado desde el 28 de marzo por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), debido a que se detectaron malas condiciones que no garantizaban la seguridad e higiene para el sacrificio de ganado.

INVESTIGACIÓN INTERNA

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantiene abierta una investigación en contra del coordinador de Inspectoría Pecuaria del Distrito 08 en Tapachula, Juan Pablo Flores Mujica, quien, sin tener atribuciones, supuestamente sacrificó e incineró las crías de osos perezosos y monos capuchino, a solicitud del agente del Ministerio Público Federal.

En entrevista, el abogado general de la Sader, Francisco Conzuelo Gutiérrez reveló que el funcionario sólo ha entregado el oficio en el que dio parte al MP sobre el estado de salud de los animales, donde establece que se encontraban deshidratados, con un fuerte cuadro de depresión y diversas lesiones que comprometían su integridad física.

Dijo que hasta el momento se desconoce si este médico veterinario participó o no en la muerte de los ejemplares.

El representante legal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lamentó que la Fiscalía General de la República no les quiera responder sobre quién ordenó el sacrificio e incineración de las crías, ni les permita tener acceso a la carpeta de investigación, con lo que se podrían deslindar responsabilidades.

«En su momento tendremos que sentarnos con este funcionario para preguntarle y requerirle que nos relate toda la secuencia de los hechos como se fueron suscitando», indicó.

Francisco Conzuelo Gutiérrez destacó que en sus archivos no existe ningún antecedente, constancia, acta o evidencia que confirme que los animales murieron.

Señaló que en caso de que se confirme que el coordinador de Inspectoría Pecuaria participó en los hechos, el caso pasaría a manos del Órgano Interno de Control, quien determinaría la naturaleza de las irregularidades y las sanciones que en su momento se pudieran aplicar.

«Esto no debe de pasar de una o dos semanas para que tengamos todos los elementos y podamos estar en posibilidades de llevar a cabo acciones legales que en su caso sean necesarias», manifestó.