Autoridades penitenciarias de Oaxaca fueron omisas ante el COVID-19

Marcos ´Pérez.-

Código DH interpuso un amparo en contra de diversas autoridades penitenciarias del estado de Oaxaca, ante diversas omisiones detectadas para salvaguardar la salud de los internos derivado a la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a Código DH, el amparo se interpuso el pasado 6 de junio por que las autoridades penitenciarias no emitieron las medidas y acciones sanitarias urgentes y efectivas para prevenir, detectar y evitar el contagio de los casos de personas privadas de su libertad infectadas con el COVID-19; proporcionar de manera urgente y constante los suministros básicos de salud e higiene así como garantizar el acceso al agua potable de las personas privadas de la libertad para hacer frente a la pandemia.

Asimismo ante la negativa de implementar medidas y acciones urgentes que tengan como finalidad garantizar el derecho a la seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad y del personal que labora ante posibles conflictos derivados por COVID-19; además de la comunicación al exterior de las personas privadas de la libertad derivado de la suspensión de visitas a los Centros penitenciarios.

El Juez Quinto de Distrito en el Estado, admitió a trámite la demanda de amparo, decretando de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que todas las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad protejan la integridad, vida y salud de la comunidad penitenciaria, debiendo implementar acciones para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus, en la inteligencia de que las responsables deberán proveer de ser necesario, las diligencias necesarias para vigilar y garantizar su salud y no se pongan en riesgo sus vidas.

“Que los internos tengan comunicación con el exterior en los centros penitenciarios donde se encuentren recluidos, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas internas

“Las autoridades responsables tomaran las medidas necesarias a fin de que no se perjudique a los internos ni al personal de los centros penitenciarios o se altere el orden de los mismos; garantizando en todo momento las medidas de seguridad sanitarias por la emergencia del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.”

Este amparo se interpuso a consecuencia del incremento de contagios por COVID-19 registrados en los centros penitenciarios Varonil de San Francisco Tanivet y el Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, Oaxaca.

El pasado 23 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en coordinación con los Servicios de Salud (SSO), confirmaron siete casos positivos del virus que provocó  la enfermedad  de los internos hacinados en los pabellones 1 y 4 del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula.

Días después, el 3 de junio, la SSPO nuevamente informo que, tras haber realizado las pruebas correspondientes, los SSO confirmaron seis casos positivos en la Penitenciaría Central de Ixcotel.

El amparo sigue su curso y la celebración de la audiencia constitucional está prevista para el 9 de julio.

Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado coordinador del Área Jurídica de Código DH y defensor de derechos humanos, aseguró que el amparo interpuesto resulta de suma importancia y urgencia porque “los tiempos de mayor impunidad, injusticia, olvido, indiferencia y discriminación hacia las personas hacinadas en prisión se están exacerbando con la pandemia en todos los sectores sociales pero especialmente, entre la población que se encuentra bajo el control del sistema penitenciario.

En la misma situación refirió se encuentra el propio personal de las prisiones, debido a la vulnerabilidad que de por sí enfrenta la población privada de la libertad y a las dificultades para contener un gran brote en este contexto.