Diputados aprueban reforma a la Guardia Nacional; la turnan al Senado

Después de doce horas de discusión y tras desechar una a una más de 139 reservas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)tenga el control operativo de la corporación, sin considerar modificaciones a la Constitución.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Entre protestas con pancartas y cuestionamientos de la oposición, la mayoría parlamentaria conformada por Morena, PVEM y PT procesó en “fast-track” la iniciativa como asunto de urgente resolución.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD denunciaron la militarización del país y advirtieron que en su momento interpondrán ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma.

“Andrés Manuel López Obrador es el presidente más militarista en la historia de este país y eso es un hecho consumado a partir del día de hoy. Peor, se dan un balazo en el pie, convierten en un cascarón la Secretaría de Seguridad Ciudadana que creó el propio Presidente de la República”, puntualizó el vicecoordinador panista Jorge Triana desde la tribuna.

En respuesta, el petista Gerardo Fernández Noroña rechazó el señalamiento y dijo que la llamada cuarta transformación nunca utilizará las fuerzas armadas para reprimir al pueblo.

“Fueron ustedes los que militarizaron el país. Fueron ustedes los que bañaron en sangre la patria. Fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación. Y son ustedes los que, en alianza con el narco, siguen incendiando al país”, agregó.

En su turno, el perredista Francisco Huacus exhibió en tribuna fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador y del dirigente morenista Mario Delgado portando carteles con la frase “No a la militarización del país”, mientras la bancada del PAN mostró en cartulinas los mensajes contra la participación del Ejército en tareas de seguridad pública que los principales personajes de la llamada 4T publicaron en redes sociales siendo oposición.

En lo general, la bancada del PAN pidió votar por separado las cuatro leyes reformadas.

Así, con 265 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones, el pleno avaló los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar a la Secretaría de la Defensa la facultad de “ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó igualmente modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional que, entre otros aspectos, conceden al secretario de la Defensa el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública y cuando el Presidente de la República disponga su intervención en auxilio de la fuerza armada permanente.

Asimismo, con 267 votos a favor, 220 en contra y una abstención, el órgano legislativo dio su aval a las reformas a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, a fin de que el personal militar pueda efectuar “operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública”.

Con 458 votos a favor, 26 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó también cambios a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea para homologar al personal de la Guardia Nacional su tiempo de servicio en dicha corporación como tiempo de servicio en el Ejército y unidades de vuelo.

Finalmente, con 265 votos a favor, 219 en contra y una abstención, los legisladores aprobaron los nueve artículos transitorios de la reforma, entre los cuales destaca el que establece un plazo de 60 días para que la Secretaría de Seguridad transfiera a la Secretaría de la Defensa los recursos presupuestales, financieros y materiales para la operación de la Guardia Nacional.

¿Qué busca la iniciativa de AMLO?

El proyecto de 40 cuartillas enviado por López Obrador prevé en su régimen transitorio que la Secretaría de Seguridad transferirá a la Defensa Nacional en un plazo de sesenta días naturales los recursos presupuestarlos y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación.

De acuerdo con la iniciativa de reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y de Ascensos y Recompensas, el secretario de la Defensa Nacional tendrá entre sus facultades siguientes las de “ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública».

Asimismo, las de expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional; elaborar los programas operativos y estrategias de la Guardia Nacional; organizar la distribución territorial de la Guardia Nacional, así como proponer adecuaciones a la estructura orgánica de la Guardia Nacional.

Sin el mando operativo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad conservará las atribuciones de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Adicionalmente, proponer la política criminal y asegurar la coordinación entre el gobierno federal, la Ciudad de México, estados y municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten.