Margarita Ríos-Farjat presenta seis propuestas para reforma al Poder Judicial

La ministra Margarita Ríos-Farjat reconoció la necesidad de una reforma al Poder Judicial que permita fortalecer y mejorar la carrera judicial, pero de ningún modo eliminarla.

En el marco de los Diálogos Nacionales sobre la reforma al Poder Judicial convocados por la Cámara de Diputados, la juzgadora presentó seis propuestas que a su juicio contribuirían a perfeccionar el sistema de justicia para que siga brindando estabilidad y confianza en el porvenir.

Como primer planteamiento, Ríos-Farjat instó a fortalecer los poderes judiciales de los estados, los cuales son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos.

«Sería de gran beneficio para la gente que cada estado contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados que revisan en apelación fueran jueces ascendidos, con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local», dijo.

La ministra presentó como segundo tema el fortalecimiento de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, a fin de capacitar profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de menores, entre otros.

Señaló que las entidades federativas no gastarían en profesionalizar, pues lo haría la Escuela de Formación, de larga trayectoria y probados resultados, elevando la calidad de la burocracia e incluso certificando a la abogacía y a las escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas “patito”.

En su tercera propuesta, Ríos-Farjat se refirió a la dimensión social de la judicatura y se pronunció por un ajuste a la carrera judicial, con el prop´sito de que la Escuela de Formación facilite a futuros jueces incluir un año de trabajo social jurídico no gratuito en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas, infancia maltratada, donde hace tanta falta.

En cuarto lugar, la ministra recomendó la impartición de clínicas de asesoría jurídica gratuita que la defensoría pública lleve a cabo con universidades, a fin de que jóvenes abogados, de la mano de abogacía profesional, brinden ayuda legal en zonas marginadas.

«Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente; si una mujer renta de su vivienda, que lo formalice; no solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos», detalló.

Como quinta propuesta expuso la necesidad de que los poderes judiciales locales cuenten con “jueces mediadores” electos por el voto popular de los vecinos para ayudarles a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos.

«Esto impulsaría la cultura de la mediación y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional», subrayó.

El sexto punto considera un mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial de forma pedagógica, a fin de que la gente conozca mejor ese quehacer y pueda participar en mecanismos de justicia abierta sobre cómo alcanzar el ideal de justicia.

«Si pensamos con generosidad surgen ideas creativas, útiles y realistas. Desde un enfoque desconfiado o egoísta no surge nada verdaderamente valioso.

Procuramos servir a México con responsabilidad y lo mejor de nuestras capacidades, no perder esto de vista abona a una sociedad más serena y humanista», puntualizó Ríos-Farjat.