Expertos de la CIDH revisarán el caso Iguala
A dos meses de que se concretara el convenio de colaboración con el gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó al grupo de expertos que dará asistencia técnica en el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El anuncio fue dado a conocer de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR.
El organismo internacional reveló este jueves los nombres de las cinco personas que integrarán dicho grupo que se establecía en el Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por el gobierno de Enrique Peña Nieto con los familiares de los estudiantes.
Cuatro abogados y un médico —de diversos países— serán los que integren el grupo que tendrá la responsabilidad de elaborar un plan de búsqueda en vida de los estudiantes que han estado desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre pasado.
Asimismo, deberán desarrollar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como un plan de atención integral a las víctimas de los hechos que asegure que se les bride la atención y reparación integral necesaria.
Si bien en el acuerdo se establece que el mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses, el plazo puede extenderse por el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.
En este acuerdo también se establece que el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo, por lo que se depósito un millón de dólares que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
Los abogados que conforman el grupo son Francisco Cox, de Chile; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia Villa, de Colombia; así como el médico Carlos Beristáin, de España.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones que puedan fortalecer las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó el compromiso del Estado mexicano para trabajar junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.
“Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos”.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
La oficina de Unicef en México hizo un llamado urgente a las autoridades para que se tomen las acciones necesarias que permitan el regreso a clase de todos los niños en Guerrero ante la situación de inseguridad que se vive.
El organismo internacional recordó que la educación es un derecho consagrado en la Constitución Política de México y en la convención sobre los Derechos del Niño que también ha sido ratificada por nuestro país.
“Desde Unicef creemos que las escuelas no solo deben ser espacios libres de violencia, sino al contrario, deben ser el escenario idóneo para la promoción de la cultura de paz y de derechos humanos, así como espacios de protección y seguridad para los niños, donde aprendan a solucionar los problemas a través del diálogo”.
Ante ello, el organismo internacional reiteró la importancia de que se acelere la aplicación de medidas para que los mejores puedan regresar a clases en un entorno seguro y apropiado para continuar con el ciclo escolar.
CLAVES
ANTECEDENTES
El 3 de octubre pasado, la CIDH otorgó una serie de medidas cautelares a los padres de los normalistas para que se amplíe la búsqueda a los tres niveles de gobierno.
El 18 de octubre se suscribió el convenio de colaboración con Estado mexicano para apoyar en las investigaciones.
El organismo internacional consideró que su intervención en el caso denota la existencia de un grave problema en materia de desapariciones forzadas en el país.