Reconocen tortura, pero dejan en prisión a víctimas del caso Ayotzinapa

Un Tribunal Colegiado confirmó en abril pasado que los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez fueron torturados por autoridades federales, tras ser detenidos el 8 de octubre de 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y aunque quedaron absueltos de esa acusación, permanecen en prisión, en un caso plagado de irregularidades.

La captura de los hermanos Ríos Sánchez, en pleno centro de Cuernavaca, Morelos, fue uno de los primeros intentos de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), entonces dirigida por Jesús Murillo Karam, de cerrar el caso lo antes posible con fabricación de testigos.

Los hermanos fueron obligados a declarar que José Ángel Casarrubias, El Mochomo, ordenó ejecutar a los 43 normalistas, para luego enterrarlos en una fosa en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.

Pero al comprobarse que los restos hallados no eran de los estudiantes, los hermanos Ríos Sánchez fueron olvidados en esa investigación, aunque debido a sus declaraciones autoincriminatorias sacadas mediante tortura quedaron presos por posesión de estupefaciente y portación de arma de fuego.

El pasado 16 de abril, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito resolvió, en la Toca Penal 114/2023, que sí se advierte tortura conforme a distintos Protocolos de Estambul practicados a los hermanos Ríos Sánchez, pero también decidió validar el informe de los agentes que los detuvieron, lo que los ha mantenido presos por casi una década.

Indignada por el fallo del Colegiado, Liliana Salgado Ochoa, esposa de Osvaldo Ríos Sánchez, decidió romper el silencio y hablar por primera vez con un medio de comunicación.

Asegura que hay un video de la tortura a su esposo, pues personal de la ahora Fiscalía General de la República (FGR) se lo mostró a él en el Cefereso 4, de Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluído. Y recordó las condiciones en las que encontró a su esposo en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), tres días después de su detención.

“Él no se podía sostener. Y yo le digo ¿Qué tienes? Dice: ‘Es que no me puedo sostener, gorda, nos golpearon muy feo, nos vendaban del cuerpo para que no queden los moretones, nos echaron agua, nos ponían bolsas, muy feo’. Y yo le dije: ‘Pero ¿por qué?’. Dice: ‘Es que yo no me explico, ellos decían que yo era Salomón, yo me identifiqué, pero ni así’”, narró Liliana.

Cuando Osvaldo fue detenido, las autoridades informaron que se trataba de Salomón Pineda Villa, El Molón, un líder de Guerreros Unidos y hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

De acuerdo con la versión oficial, fue detenido junto a otra persona (su hermano) en la vía pública, cerca del Zócalo de Cuernavaca, cuando caminaba con una mochila roja de la que asomaba un arma de fuego.

Sin embargo, Liliana asegura que su esposo fue detenido al interior de una tienda de ropa, pues había ido a Cuernavaca para surtirse de mercancía y venderla en Iguala. Ella asegura que había grabaciones del interior de la tienda al momento de la detención de Osvaldo, además de que se observa que no llevaba ninguna mochila.

“Es por eso que le hacemos un llamado al Tribunal Colegiado, queremos la libertad de mi esposo a través de un reconocimiento de inocencia, queremos que el Tribunal Colegiado de Xochitepec, Morelos, recabe esas videograbaciones, para que vea que las acusaciones que hicieron en contra de mi esposo y mi cuñado son fabricadas”, clamó Liliana.

Al momento de la detención, Liliana tenía 8 meses de embarazo, por lo que Osvaldo no ha podido conocer a su hijo de ya 9 años, pues al tratarse de una familia de escasos recursos no han podido viajar hasta Tepic.

Después de su detención en Morelos, Osvaldo y Miguel Ángel fueron trasladados a otras instalaciones federales antes de ser llevados a la Seido, en la Ciudad de México, por lo que Liliana pudo ver a su esposo hasta el 10 de octubre de 2014. Durante el tiempo que estuvieron incomunicados, recibieron también descargas eléctricas en sus partes íntimas y otros actos de tortura.

Luego los llevaron en helicóptero hasta “La Parota”, un cerro enclavado en Guerrero.

“A él (Osvaldo) lo llevan en un helicóptero porque querían que dijera dónde estaban los estudiantes (de Ayotzinapa), los trajeron a un cerro, él me comentó que los traían colgando del helicóptero y les decían que si no decían dónde estaban los estudiantes iban a tirar a su hermano”, contó Liliana.

“Hasta que llegaron al cerro y les hicieron cavar una fosa, donde les decían que ahí iban a quedar ellos, dónde les decían que ahí iban a quedar si no decían la versión que ellos querían sobre los estudiantes”.

El 22 de octubre de 2014, en una de las primeras versiones que dio el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio por buenas las declaraciones de Marco Antonio Ríos Berber y habló de la localización de varias fosas con restos humanos en las que trabajaban el Equipo Argentino de Antropología Forense, (EAAF), luego se sabría que ese lugar era “La Parota”.

La entonces Procuraduría General de la República intentó forzar otros testimonios que corroboraran lo dicho por Ríos Berber, para lo cual ex servidores públicos de la PGR torturaron e involucraron a los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez.

Por posesión de estupefacientes y portación de armas, Osvaldo está sentenciado a 12 años con tres meses de prisión, y su hermano a 11 años con 7 meses, pero la esposa de Osvaldo sostiene que el arma y la droga fueron sembrados y el caso está fabricado.

Liliana explica que no quisieron hacer público el caso antes porque no querían vivir con la estigma de una detención, pero con la resolución del Tribunal Colegiado de abril pasado sus esperanzas están casi perdidas y la madre de Osvaldo está delicada de salud y él quiere verla una vez más.