Familias de Chimaltepec, Oaxaca, desplazadas por intolerancia religiosa piden indemnización

Hace casi tres años, Ruperto y Bonifacio, junto con sus familias, fueron ultrajados, despojados de sus propiedades y expulsados de su comunidad de origen, llamada San Pedro Chimaltepec, una agencia del municipio de San Juan Mazatlán, en la región Mixe de Oaxaca.

El “pecado” de ambos fue profesar la religión cristiana y negarse a participar en el 2021 como mayordomos en dos fiestas católicas de aquella población, ubicada a 170 kilómetros de la capital del estado.

La intolerancia religiosa en Oaxaca, sobre todo en las comunidades, ha llegado a tal grado que en el caso de Ruperto Domínguez sus padres y hermanos lo desconocieron y fueron parte de la gente que lo corrió de su pueblo.

“Me dijo el agente (municipal) ‘ya estás expulsado. El pueblo ya tomó una decisión, aquí no somos responsables si te pasa algo…”, cuenta Ruperto, en entrevista con Milenio.

“Le dije: ‘Dame conocimiento del documento que hiciste. Quiero que me lo leas a ver cómo dice ahí…’.

“Pasó el secretario, me leyó el documento y el documento decía que yo por mi propia voluntad salgo de mi comunidad. Le dije ‘eso no es cierto: ustedes están inventando. No es de mi propia voluntad que estoy saliendo, ustedes me están expulsando’”, continúa.

Según la orden que había recibido de las autoridades, Ruperto tenía que fungir como Capitán de la Danza del Caballo el 27 de junio de 2021, por lo que debía darle de comer y beber a toda la comunidad en el marco de la fiesta de San Pedro.

Sin embargo, él siempre se negó porque, afirma, la fe cristiana le ha hecho dejar de creer en esos cultos.

Cinco meses después de oponerse a acatar aquel servicio, el 21 de noviembre de 2021, los topiles fueron a su casa y le pidieron que acudiera a la sede de la agencia de San Pedro Chimaltepec.

Al llegar, fue encarcelado durante 72 horas con el fin de presionarlo y se comprometiera a cumplir el encargo al año siguiente.

Al no tener resultados, al cuarto día, las autoridades lo echaron a él, a su esposa y a su pequeño hijo de la población.

“Cuando sucedió todo esto ya no hubo familia. No hubo mamá ni papá ni hermanos. Todos estuvieron en contra porque la mayoría; o sea, todo el pueblo son católicos”, recuerda el hombre, quien hoy habita junto con el resto de desplazados de su localidad, en la agencia Nueva Esperanza, perteneciente a Guevea de Humboldt, en la región del Istmo de Tehuantepec.

“De hecho me estaban cobrando una multa: 25 mil (pesos) de la fiesta que no había hecho y 5 mil (pesos) por haber estado en la cárcel…

“Le dije (a la autoridad): ‘No tengo esa cantidad, no lo voy a pagar y aunque lo tuviera, no hice nada malo’”.

Más casos

En enero de 2022, el turno fue para Bonifacio Martínez, su esposa y sus hijos.

Bonifacio era otro ciudadano cristiano que habitaba en Chimaltepec y a quien habían nombrado mayordomo de la fiesta de la Virgen de la Soledad, que se había realizado en diciembre.

Tras negarse a cumplir con el mandato, también estuvo tres días en la cárcel –a partir del tres de enero– antes de convertirse en desplazado.

“Me dijeron (en la agencia) ‘ahora sí me vas a tener que entregar la llave de la iglesia (cristiana) y lo tienes que entregar’.

“Sí, las entregué (y de) ahí abrieron la iglesia; la saquearon”, cuenta.

Contrario a lo que le pasó a Ruperto, Bonifacio sí recibió el respaldo de su familia, pero la autoridad encarceló y expulsó de la comunidad a todos los miembros que intentaron ayudarlo: un hermano, una hermana y tres sobrinos.

Más desplazados

En total, seis familias más terminaron siendo desplazadas.

“Yo me acuerdo muy bien que me dijeron: ‘Lo que se queda ahí, pues ya se queda ahí. Ni una de tus cosas vas a vender: ni tu terreno ni nada vas a vender. No vendimos nada; así salimos”, precisa Bonifacio.

Tanto a las familias de Roberto y Bonifacio, como a las otras cinco conformadas por allegados del último de ellos, los despojaron de todas sus propiedades.

Desplazados

“El día 29 de marzo (de 2022, tras la expulsión de las siete familias) tuvimos una mesa de trabajo en la oficina de derechos humanos de Oaxaca, pero hasta ahí.

“Hubo muchas dependencias, pero sólo lo que nos dijeron fue que ya se judicializó (la carpeta de investigación), pero hasta ahí nada más”, cuenta el pastor Cipriano Gazga, que en 2017 había fundado en San Pedro Chimaltepec la iglesia cristiana a la que acudían los pobladores expulsados.

Gazga es originario de Guevea de Humboldt, pero viajaba durante tres horas dos veces por semana para poder establecer su ministerio en la Sierra Mixe.

A raíz del conflicto de intolerancia religiosa, no ha vuelto a ingresar a Chimaltepec.

Sin embargo, desde el día en que fueron expulsados Ruperto, Bonifacio y el resto de familias, dio cobijo a todas las víctimas tanto en su casa como en el templo que mantiene en la agencia Nueva Esperanza de Guevea, donde se realiza la entrevista.

“Lo que les pido es que nos volteen a ver porque también tenemos los mismos derechos que todos, porque nos estamos en contra de la Constitución Política”, sostiene.

“Al contrario, si es un maleante y se convierte en Jesucristo, cambia su vida: si es ratero deja de robar, si es homicida deja de matar…”.

De acuerdo con el representante legal de la Confraternidad de Pastores de Oaxaca, Porfirio Flores, en esta entidad existen actualmente entre 200 y 300 familias desplazadas por intolerancia religiosa.

El último caso se suscitó en Cerro Cajón, en la agencia de San Isidro Arenal, en el municipio de San Juan Lalana, en la Cuenca del Papaloapan, donde durante las últimas tres semanas han quemado un templo y retenido y expulsado de la población a al menos 13 personas.

“Deben ser, aproximadamente, y en un cálculo muy frío unas 200 o 300 personas (que) están (desplazadas)”, afirma Flores.

“Puedo presentar a una familia y a un grupo de personas que fue expulsada hace 30 años y están aquí en Oaxaca capital”, agrega.

— Desde hace 30 años y ¿nunca hubo justicia?, consulta el reportero.

«No, no», responde el especialista en Derecho y también pastor.

Piden indemnización

Mientras los conflictos prevalecen, las familias desplazadas de Chimaltepec piden justicia y ser indemnizadas para poder terminar de rehacer sus vidas.

“Ellos ya decidieron quedarse aquí, pero, la verdad, la situación de ellos es difícil porque son de escasos recursos y ellos viven al día.

“Lo que necesitan es un apoyo para que de esa manera puedan mejorar ese inicio de vida que llevan. Lo que estamos pidiendo es que se les indemnice ya sea por parte de la comunidad o del gobierno estatal o el gobierno federal”, reitera el pastor Cipriano Gazga.

En la actualidad, Ruperto, Bonifacio y el resto de los hombres, se dedican a labores del campo. Son contratados para arar, limpiar o cosechar en los terrenos ubicados en el lugar donde se encuentran ahora.

Las mujeres se dedican al hogar y a implementar diversas actividades como el comercio con el objetivo de aumentar los ingresos, ante la falta de justicia. Así, han sobrevivido durante casi tres años.