Congela UIF 8 mil 670 millones de pesos
El titular de la UIF, Omar Reyes, presentó un informe sobre el trabajo durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“Esto refleja el trabajo coordinado de la unidad de inteligencia financiera con el gabinete de seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales”, afirmó en Palacio Nacional.
El comportamiento anual muestra una tendencia al alza en todos los indicadores entre 2024 y 2026. En cuanto a las personas agregadas a la LPB, se registraron 18 sujetos en 2024, 730 en 2025 y un incremento sustancial a mil 647 en 2026. Del mismo modo, las cuentas inmovilizadas pasaron de 184 en 2024 a 6 mil 942 en 2025, hasta alcanzar las 17 mil 496 cuentas congeladas en 2026. Esta aceleración en las métricas operativas refleja una intensificación progresiva de las acciones de fiscalización y rastreo de activos financieros presuntamente vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con el informe, estos esfuerzos generan un impacto directo en cuatro áreas estratégicas: debilitan la estructura económica de las organizaciones criminales, impiden que el sistema financiero sea utilizado para fines ilícitos, fortalecen la coordinación entre instituciones públicas y generan inteligencia financiera para la protección del país.
En el caso de los grupos delictivos correspondientes a los resultados acumulados entre 2024 y 2026, están enfocados en mermar las capacidades financieras del crimen organizado en México.
Del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas en el país, 7 mil 861 corresponden directamente a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia a nivel nacional. Esta cifra representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, lo que equivale a que prácticamente 1 de cada 3 cuentas congeladas está vinculada de forma directa con grupos delictivos.
A través del mapa de “Cuentas inmovilizadas por estado”, se observa la distribución geográfica de estas acciones en las distintas entidades federativas. Las cinco entidades que concentran el mayor número de cuentas bloqueadas son la Ciudad de México a la cabeza con 2 mil 300, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas. El resto de las entidades registra proporciones menores pero distribuidas por todo el territorio nacional, evidenciando un esfuerzo coordinado para impedir que los recursos económicos del crimen sigan operando en el sistema financiero.